El radar en la Vela Latina: el miedo como mordaza

 

El "atajo" legal: ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental?

Al analizar el proyecto constructivo (Exp. AT_25-21), descubrimos la primera gran trampa. En las páginas 35 y 62, la Autoridad Portuaria afirma textualmente que "no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental".

Es posible que, por la Ley de Evaluación Ambiental, la estructura física (la torre de 10m) no requiera una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) ordinaria si el puerto ya está urbanizado. Sin embargo, la contaminación electromagnética es un vector ambiental que debe ser analizado, especialmente zonas deportivas próximas.

Pero el gran "ausente" en todo este expediente es la Certificación de Niveles de Exposición, un documento que resulta primordial para una instalación de esta envergadura. Se trata de la única garantía técnica, que debe estar visada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, capaz de acreditar que la estación cumple con los límites legales de intensidad de campo eléctrico y densidad de potencia. Sin esta certificación, no conocemos la Potencia Radiada Aparente (PRA) ni los diagramas de radiación de la antena, datos vitales para asegurar que la energía emitida no impacte de forma nociva en la lámina de agua por la que navegamos. Es inaceptable que se avance en la construcción de una torre de 10 metros para un radar de 25 kW sin que este certificado técnico y sanitario esté a disposición de los ciudadanos, pues es el único que garantiza que nuestra actividad náutica se desarrolla en un entorno seguro.

El Real Decreto 1066/2001 que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas es de aplicación estatal y no distingue si el promotor es una Autoridad Portuaria.

El artículo 8 de este Real Decreto es claro: para cualquier estación radioeléctrica, se debe garantizar que los niveles de emisión no superen los límites de salud pública.

La Orden CTE/23/2002: Establece que las estaciones de alta potencia (y 25 kW es una potencia muy alta para un entorno urbano/deportivo) deben presentar obligatoriamente un Proyecto de Instalación que incluya una estimación de los niveles de exposición en las zonas cercanas.

Zona de Exclusión: a esa potencia, existe una "distancia de cumplimiento" (zona donde no puede haber personas). Si el proyecto no tiene el estudio, no han calculado si esos 10 metros de altura son suficientes para que el haz no "barra" a las personas.

Si no es peligroso, ¿por qué la coraza?

Vamos a los datos oficiales: un radar de 25.000 vatios (25 kW) es, por definición, 250 veces más potente que otros equipos del mismo proyecto.

Si realmente fuera tan inofensivo como un móvil, ¿por qué nos ofrecen ponerle una "coraza" o escudo de protección? La respuesta es obvia: si algo es inocuo, no necesita blindaje. Ofrecer una coraza es la admisión implícita de que existe un riesgo real para los deportistas y los niños que están justo debajo. No se gasta dinero público en proteger a la gente de "un teléfono móvil".

La alternativa lógica: La zona de la gasolinera

Lo que más frustra es que existe una solución técnica perfecta. Justo más al norte, en la zona de la gasolinera (frente a la entrada del muelle deportivo), existe una ubicación con todas las facilidades técnicas y mucho menos transitada.

Instalarlo allí cubriría la misma función de vigilancia sin convertir nuestra base náutica en un experimento de radiación. Si existe una alternativa segura y viable, ¿por qué insistir en plantar el radar más potente del puerto de nuestro deporte?

El chantaje de la concesión: La salud no es moneda de cambio

Lo más grave que sobrevoló la reunión de ayer fue el mensaje de que "no podemos ir contra el dueño de la concesión" porque podríamos perder el muelle.

Es hora de poner las cartas sobre la mesa: la Federación de Vela Latina Canaria de Botes paga una concesión de más de 50.000 euros anuales. No estamos aquí de prestado ni por caridad; somos clientes y concesionarios con derechos legales a la seguridad y la higiene en nuestra actividad. No somos un simple local comercial ni una embarcación que no paga; somos el corazón de un deporte con más de 150 años de historia, practicado desde mediados del siglo XIX.

Esta trayectoria centenaria nos ha convertido en un Bien de Interés Cultural que merece un respeto institucional acorde a su legado y a su aportación a la identidad de esta ciudad. Utilizar la titularidad del suelo para intentar silenciar una preocupación legítima sobre la salud pública roza la amenaza velada. No podemos permitir que el miedo a perder nuestra "casa" en el muelle nos obligue a aceptar un riesgo sanitario para nuestra cantera, hipotecando el futuro de los niños que deben heredar esta tradición que forma parte de nuestra historia desde hace más de siglo y medio.

Conclusiones claras

• No hubo evaluación ambiental real: Se utilizó un atajo administrativo para evitar el trámite de evaluación ordinaria, omitiendo así cualquier análisis sobre el impacto de la radiación de 25.000 vatios en la salud de los menores.

• Contradicción total: Si el radar fuera tan inofensivo como un móvil, no se ofrecería la instalación de una "coraza" o blindaje. La propia existencia de esa medida de protección confirma que estamos ante un peligro potencial para los deportistas.

• Falta de certificación obligatoria: Es inaceptable que se avance sin presentar la Certificación de Niveles de Exposición visada por el Ministerio competente. Este es el único documento que garantiza técnicamente que los límites de intensidad de campo eléctrico y densidad de potencia son seguros para quienes están en la lámina de agua.

• Alternativa viable: Exigimos que se valore seriamente la ubicación norte, en la zona de la gasolinera. Es un punto con menos tránsito de personas, con las mismas facilidades técnicas y que no compromete la seguridad de los deportistas.
• Dignidad: La Vela Latina Canaria es un deporte con más de 150 años de historia y su base náutica no es un simple local comercial. La salud de nuestros hijos y deportistas no puede ser objeto de negociación ni verse silenciada por miedo a represalias administrativas sobre nuestra concesión.

La Vela Latina es Bien de Interés Cultural, pero antes que eso, es una comunidad de personas. La tecnología debe servirnos, no hipotecar nuestra integridad. ¡Basta de atajos y basta de miedos!