La madrugada del domingo 8 de junio, el barco humanitario Madleen, con destino a Gaza, fue abordado en aguas internacionales por la Marina israelí. No era un buque militar. No transportaba armas. Llevaba ayuda humanitaria —como leche infantil, medicinas y prótesis—, y a bordo viajaban 12 activistas de distintas nacionalidades, entre ellos nombres como Greta Thunberg, la eurodiputada Rima Hassan, el actor irlandés Liam Cunningham y el activista español Sergio Toribio.
La operación israelí fue un secuestro en toda regla. Así lo han denunciado los propios activistas, que relataron cómo drones interrumpieron las comunicaciones y rociaron sustancias irritantes antes de que las fuerzas israelíes tomaran el control del barco a más de 100 millas náuticas de la costa. Esto no fue un incidente. Fue un acto de piratería de Estado, una violación flagrante del derecho internacional.
Pero lo más escandaloso no es solo el comportamiento del gobierno de Netanyahu —acostumbrado ya a operar fuera de todo marco legal—, sino el silencio cómplice de los gobiernos occidentales. Nadie condena con firmeza. Nadie se atreve a actuar. Mientras el pueblo palestino es masacrado, son las organizaciones civiles, los colectivos privados y los ciudadanos valientes quienes asumen la responsabilidad moral que los Estados han abandonado.
Lo que ocurre en Gaza no es una guerra. Es un genocidio. Es la destrucción sistemática de un pueblo al que se le niega la vida, el refugio, el alimento y el futuro. Y Occidente, mientras tanto, se limita a emitir notas de prensa tibias, o directamente a justificar lo injustificable.
No podemos callar. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la norma. No es posible que Netanyahu, un criminal de guerra, siga actuando con total libertad, burlándose del derecho internacional y de cualquier noción básica de humanidad.
Hoy más que nunca debemos alzar la voz. Porque callar es ser cómplice. Y la historia no perdonará a quienes miraron hacia otro lado mientras se asesinaba a un pueblo.
